Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, está considerando la posibilidad de suprimir el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el órgano regulador del sector de las telecomunicaciones en México, como parte de un plan más amplio para eliminar organismos autónomos y reducir el gasto público. Esta decisión ha generado preocupación entre algunos expertos, que consideran que la medida podría afectar negativamente la competencia en el sector y poner en riesgo la neutralidad de las telecomunicaciones en México.

El plan de Sheinbaum, que sigue la línea de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, implicaría el traslado de las funciones y el personal del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). De esta manera, el regulador pasaría a estar bajo el control directo del poder ejecutivo, lo que genera dudas sobre su futura independencia.

Tal decisión podría tener implicaciones importantes para el cumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El artículo 18 del T-MEC establece que cada país miembro debe contar con un regulador independiente que garantice la imparcialidad en el sector de las telecomunicaciones. La desaparición del IFT y su absorción por parte de la SICT podría interpretarse como una violación de este acuerdo comercial.

Desde su creación en 2014, el IFT ha tenido un papel clave en la regulación del sector de las telecomunicaciones en México. El organismo ha sido responsable de otorgar concesiones para radio, televisión y telefonía, así como de desarrollar las licitaciones del espectro radioeléctrico. Además, ha tenido un papel importante en la promoción de la competencia en el sector, lo que ha beneficiado a los consumidores con una mayor oferta de servicios y precios más bajos.

Los responsables del IFT han defendido su labor y han destacado sus éxitos, como la reducción de los precios de los servicios de telecomunicaciones en un tercio desde su creación. Según el IFT, su regulación ha permitido a los mexicanos ahorrar 805.000 millones de pesos. Además, destacan que la penetración de la banda ancha móvil se ha cuadruplicado durante este periodo, y que el acceso a Internet de banda ancha ha aumentado significativamente.

Pese a los argumentos del IFT y las posibles implicaciones para el T-MEC, el gobierno de Sheinbaum parece decidido a seguir adelante con su propuesta. La nueva administración argumenta que la medida es necesaria para cumplir con su política de austeridad.

El futuro del IFT se presenta incierto. La decisión final de Sheinbaum estará marcada por la presión de sus socios comerciales, la defensa del propio organismo y las posibles consecuencias para la competencia y la neutralidad en el sector de las telecomunicaciones en México.