El ministro de Transformación Digital Óscar López ha presentado en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas para combatir el creciente problema de las estafas telefónicas en España. López ha reconocido la gravedad de este “fraude que se ha vuelto demasiado habitual”.

El ministro ha asegurado que una de cada tres consultas al teléfono 017 del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) está relacionada con este tipo de delitos.

Las medidas, que serán reguladas por el Ministerio, se centran en el bloqueo de llamadas fraudulentas y en la creación de una base de datos para controlar el uso de alfanuméricos en los mensajes. Estas son las cuatro medidas específicas anunciadas:

• Bloqueo de llamadas con numeración no asignada: Los operadores deberán bloquear las llamadas que provengan de números que no estén atribuidos a ningún servicio, operador o cliente.

• Bloqueo de llamadas internacionales con numeración nacional: Se bloquearán las llamadas y SMS que, a pesar de mostrar una numeración nacional española, tengan su origen en el extranjero.

• Base de datos para el control de alfanuméricos: Se creará una base de datos gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que registrará a las entidades que utilizan alfanuméricos (como el nombre de la empresa) en sus mensajes. Los mensajes que provengan de entidades no registradas serán bloqueados.

• Prohibición de llamadas comerciales desde números móviles: Se prohibirá el uso de numeración móvil para realizar llamadas comerciales, lo que permitirá a los usuarios identificar fácilmente este tipo de llamadas como potenciales fraudes. Se permitirá el uso de números 800 y 900 para llamadas comerciales por parte de las entidades que los tengan asignados, para que los usuarios puedan identificarlas correctamente si las tienen guardadas en su agenda.

Estas medidas buscan proteger a la ciudadanía de las estafas telefónicas, un delito que causa importantes daños económicos y emocionales, especialmente cuando los ciberdelincuentes simulan ser un banco o una administración pública. El Ministerio espera que su implementación contribuya a reducir significativamente este tipo de fraudes.