César Alierta (en la foto), consejero delegado de Telefónica, ha renunciado a su puesto en el consejo de administración de Telecom Italia, decidido a desactivar el contencioso sobre un supuesto conflicto de intereses en Brasil, donde los dos operadores compiten.
Julio Linares, el anterior director de operaciones de Telefónica, también ha renunciado a su puesto en el consejo de la compañía italiana junto con Alierta. Ambas dimisiones son de efecto inmediato.
Las dos renuncias se producen poco después de que Cade, el regulador de la competencia en Brasil, haya caldeado el debate sobre el papel de Telefónica.
La situación, agravada por el hecho de que el operador español y latinoamericano ha roto un acuerdo de 2010, por el que se comprometía a no aumentar su participación en Telecom Italia –la compañía matriz de TIM Brasil, que es el segundo operador móvil más grande del país–, ha llevado a Cade a determinar que Telefónica debe renunciar a sus participaciones en TIM Brasil o bien conseguir un nuevo socio para Vivo, su filial de telefonía móvil.
Vivo, controlada por Telefónica, es el operador móvil más grande de Brasil.
Combinando sus intereses en Vivo con sus participaciones, directas o indirectas, en Telecom Italia, Telefónica controla más de la mitad del mercado de telefonía móvil en Brasil. Situación que Cade quiere corregir.
Como primera medida, Cade ha impuesto una multa de 15 millones de reales brasileños (BRL) (4.694.288 de euros) a Telefónica por incrementar su participación en Telecom Italia, al tiempo que multaba a TIM Brasil con 1 millón de reales (312.952 euros).
“La decisión de Alierta y Linares cobra sentido ya que no sólo supone una respuesta a la decisión de Cade, sino que también busca demostrar al Consob, organismo regulador del mercado italiano, que Telefónica no está inmersa en un conflicto de intereses”, según ha declarado Andrea Giuricin, profesor especializado en medios de comunicación y telecomunicaciones de la Universidad Bicocca de Milán, en una entrevista telefónica con Bloomberg.
Aparentemente, Cade pretende recortar la posición estratégica de Telefónica en el mercado móvil de Brasil, resituándola en el nivel que detentaba antes de 2010. En esa época, Telefónica poseía la mitad de Vivo y una participación minoritaria en Telco (la empresa propietaria del 22,4% de Telecom Italia).
Sin embargo, al aumentar su participación en Telco, Telefónica adquirió el control efectivo sobre el titular italiano.
Sensible a la percepción de conflicto de interés, Bloomberg informa que Alierta y Linares acostumbraban a abandonar la sala cuando el consejo de administración de Telecom Italia trataba sobre Brasil.
No está muy claro hasta qué punto las renuncias de estos dos altos cargos rebajarán el conflicto. Según algunos informes, Telefónica está considerando emprender acciones legales que dejen en suspenso las medidas de las autoridades brasileñas de obligar al operador a rebajar su control en el país.
¿Barajando accionistas?
La marcha de Alierta y Linares se produce en un momento de tensión entre los accionistas de los títulos de la compañía italiana.
Los accionistas de Telecom Italia se reunirán el 20 de diciembre para votar una moción presentada por el Findim Group de Marco Fossati, un inversor minoritario (posee aproximadamente el 5% del capital). La moción busca destituir al actual consejo de administración, argumentando que Telefónica y sus socios de Telco tienen demasiada influencia sobre el operador italiano.
Al parecer existe también cierta confusión sobre el control de activos que BlackRock –el mayor gestor de inversiones del mundo– detenta en Telecom Italia.
BlackRock, en un correo electrónico fechado el lunes 16 de diciembre y citado por Bloomberg, afirma poseer un 7,78% de participación en Telecom Italia. No obstante, en documentos presentados a la SEC el 9 de diciembre, BlackRock declaraba una participación del 10,14%.
La empresa de inversión afirma que la discrepancia se encuentra en algunos bonos que pueden ser convertidos en acciones de Telecom Italia. BlackRock mantiene que el asunto no tiene relevancia y no está en absoluto sujeto a la obligación de revelación (requerida sólo cuando un inversor detenta más de un 10% del capital), debido a que las acciones en que se convertirán los bonos aún no han sido emitidas.
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