Jessica Rosenworcel (en la foto), presidenta de la FCC (siglas inglesas de Comisión Federal de Comunicaciones, un organismo regulador estadounidense), habría enviado una carta a una política de Estados Unidos asegurando que su organismo necesita 3.100 millones de dólares (más de 3.000 millones de euros) adicionales para ayudar a las operadoras a sustituir el equipamiento de suministradores chinos, como por ejemplo Huawei y ZTE.

Según Reuters, Rosenworcel se ha puesto en contacto con la senadora Maria Cantwell, que preside la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte, a fin de exponerle la necesidad de más fondos para retirar y sustituir el equipamiento de red de las operadoras estadounidenses.

El Congreso ya asignó 1.900 millones de dólares (casi 1.900 millones de euros) al Programa de Reembolso de Redes de Comunicaciones Seguras y de Confianza de la FCC, pero, según parece, Rosenworcel ha declarado que ahora necesita casi 5.000 millones de dólares (unos 4.900 millones de euros).

Así mismo, habría añadido que la FCC puede empezar a tramitar las primeras solicitudes en el marco del programa y que determinará las prioridades en función de las orientaciones del Gobierno.

Steven Berry, presidente y consejero delegado de la CCA (siglas inglesas de la Asociación de Operadoras Competitivas), afirma que la carta de Rosenworcel constituye una llamada a la acción y que está “claro que la financiación actual del programa aún está muy por debajo del apoyo que necesitan las operadoras afectadas”.

Joseph Franell, presidente de ISP Blue Mountain Networks, ha declarado a Mobile World Live que no le sorprende la necesidad de financiación adicional, después de que la FCC ampliara las posibilidades de acceder al programa.

Ha explicado que “existía una lista específica de equipamiento aprobado como reemplazo y los costes siguen subiendo”, y añade que Blue Mountain Networks ha reemplazado una parte de su equipamiento fabricado por Huawei, pero aguarda fondos para completar la sustitución.

En 2019, el Congreso estadounidense aprobó una ley que exige que las operadoras que dan servicio a menos de 10 millones de clientes y han recibido subvenciones del gobierno retiren el equipamiento de red que suponga un riesgo para la seguridad nacional.

Se afirma que Huawei y ZTE han instalado en su equipamiento “puertas traseras” a disposición del gobierno de la República Popular China. Ambas empresas lo niegan.

En 2020, la FCC rechazó los recursos de las dos firmas contra su designación como amenaza para la seguridad.