El gobierno español ha aprobado una orden ministerial que obliga a las operadoras de telefonía móvil a bloquear los números de teléfono fraudulentos utilizados para estafar a los ciudadanos. La nueva regulación ha sido impulsada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien firmó la orden este miércoles 12 de febrero.

Respuesta al aumento de estafas

La medida se implementa tras detectarse un incremento del 500% en las estafas telefónicas durante la última década, según declaraciones de Matías González,secretario general de Telecomunicaciones del Ministerio de Transformación Digital, citadas por el diario Expansión. Como consecuencia de esta orden, las operadoras deberán actuar de manera preventiva para proteger a los usuarios.

Nuevas medidas de protección

La normativa establece que las operadoras deberán bloquear las llamadas y SMS procedentes de números sin servicio u operador vinculado, como los que empiezan por 3 o 4. Esta medida entrará en vigor 20 días después de la publicación de la orden en el BOE.

También se bloqueará el tráfico internacional que simule proceder de números españoles, como los que comienzan por +34 91 o +34 93, sin afectar a los clientes en itinerancia. Las operadoras dispondrán de tres meses para implementar los ajustes técnicos necesarios.

Respecto a los SMS, se bloquearán aquellos identificados con etiquetas alfanuméricas que no figuren inscritas en una nueva base de datos que creará la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Esta medida se aplicará en mayo de 2026, permitiendo tiempo a la CNMC para desarrollar la base de datos en cuestión.

Adicionalmente, se prohibirá el uso de numeración móvil para llamadas comerciales. Las empresas deberán utilizar números fijos, aunque se permitirá el uso de números 800, 900 y de numeración específica, como el 1004, para fines comerciales. Esta disposición entrará en vigor a mediados de mayo de 2025.

Régimen sancionador

El incumplimiento de estas medidas se considera una infracción grave y las operadoras podrán enfrentarse a multas de hasta 2 millones de euros. El gobierno confía en que estas medidas contribuyan a reducir las estafas telefónicas y aumentar la protección de los ciudadanos.